Con el fin de poner en caja a las empresas que manejaban información de los argentinos, en octubre de 2000 se sancionó la ley 25.326. El primer artículo define su objetivo: “La protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos, u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean éstos públicos, o privados destinados a dar informes, para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas”. Dos años después se creó el órgano de control para el efectivo cumplimiento de la norma, la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (DNPDP).