No hace falta enfermarse para saber cómo llueven quejas en el campo de la salud. Apremiado por las defensorías y los organismos de derechos humanos, el Congreso sancionó una ley que actualiza conceptos y fija responsabilidades.
Es la Ley 26.529, promulgada en noviembre último, bajo el explícito título “Derechos del paciente en relación con los profesionales e instituciones de la salud”. Rige para la salud pública y privada, e incorpora los principios de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, y de la Ley 26.061 de Protección de Niños y Adolescentes. Todavía no está reglamentada, ni ha sido acordada por las provincias.
