Martes, 24 de Enero de 2012 11:03

El pasado 7 de noviembre de 2011 se sancionó el Decreto 1.766 que crea el Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad. Cabe destacar la relevancia de esta nueva etapa que comienza y la utilización de la biometría a los efectos de comprobar la identidad de una persona. A partir de la puesta en marcha del sistema informático será posible la comparación y análisis fisonómico de una persona respecto de una base de datos preparada para tal fin.

La biometría, en la acepción que estamos analizando, se refiere a las tecnologías para medir y analizar las características físicas y del comportamiento humanas con propósito de autentificación.

Si bien la biometría es utilizada de manera frecuente como un medio para luchar contra el crimen, muchos advierten cierta preocupación de que la misma pueda ser utilizada para disminuir las libertades personales de los ciudadanos.

El dato biométrico es un dato personal conforme la Ley Nacional de Protección de Datos Personales (25.326). Valorando la importancia de este tipo de información, el funcionamiento del sistema debería respetar las pautas normativas en materia de procedimiento, tratamiento compatibilidad, confidencialidad, protección y resguardo de la información y cumplimiento exclusivo de la finalidad específica de su creación.

No se conocen los detalles respecto de estos puntos y sería más que esclarecedor contar con mayores datos relativos a las medidas de seguridad que se tomarán para resguardar y proteger los datos biométricos de los ciudadanos. Si bien en el decreto de creación se detalla que las distintas áreas públicas que hagan uso de este servicio deberán estar sujetas a las medidas de seguridad, integridad, confidencialidad y deber de reserva de la información obtenida, en comunión con los lineamientos previstos por el artículo 23 y concordantes de la ley 25.326.

Documentos cuestionados. El Registro Nacional de Documentos de Identidad Cuestionados fue creado por la disposición 24/10 de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (DNPDP). Sus objetivos son organizar y mantener actualizado un registro informatizado donde consten el número y tipo de documentos de identidad que fueran denunciados a este registro por las autoridades públicas competentes y/o los propios titulares de los mismos con motivo de pérdida, hurto, robo o cualquier otra alteración.

Durante muchos años los especialistas en protección de datos personales y, específicamente, en temas relativos al robo de identidad, exigieron la puesta en marcha de una base de datos que pudiera recepcionar las denuncias respecto de los documentos que eran denunciados y que por razones particulares no eran válidos.

El próximo paso sería que este registro nacional de documentos de identidad cuestionados fuese utilizado por las dependencias policiales y judiciales al momento que las personas denuncien la pérdida, hurto o robo de su documento. Esa base de datos debería también ser compartida por las centrales de riesgo y por el Renaper.

El robo de identidad es un problema que, con el avance de la tecnología y la bancarización, viene en aumento. De hecho, es el delito que más crece en el mundo. En la Argentina, se calcula que cada hora una persona sufre el robo de su identidad para diversos fines, incluido el perjuicio económico; las proyecciones sostienen que en 2012 las pérdidas económicas por engaños alcanzarán la cifra de 1.000 millones de pesos. Todos los sectores son vulnerables y padecen el drama de tener que pagar préstamos que jamás tramitaron o las cuotas de bienes y/o servicios que nunca compraron. La novedad en el país son pólizas de seguros para cubrir las potenciales estafas, que se consiguen a unos $15 por mes.

Según datos que surgen de la Federal Trade Commission de los Estados Unidos, sólo en 2010 hubo más de 10 millones de víctimas de robo de identidad y la pérdida económica por estos fraudes alcanzó los 31 billones de dólares.

Todos estamos expuestos a que alguien, haciéndose pasar por nosotros, realice compra de bienes, tramite préstamos, abra cuentas bancarias, solicite servicios, manipule cuentas bancarias o transfiera electrónicamente nuestro dinero hacia otras cuentas, entre otros delitos.
El robo de identidad puede ocurrir de dos maneras, física o virtual. Bajo la modalidad de la sustracción física, los delincuentes se aprovechan de la pérdida de robo del DNI o fotocopias, o bien los hacen desde cero con información que obtienen de diversos lugares, mientras que de forma virtual se utilizan técnicas de la ingeniería social o la introducción de software malicioso en la PC de la víctima”.

El robo de identidad trae problemas económicos a la víctima, pero también tiene consecuencias de gran impacto emocional, ya que se pone en juego el buen nombre y honor de la persona. Puede ocasionar que dentro de los ámbitos de créditos su nombre aparezca como deudor, la imposibilidad de calificar para créditos, imposibilidad de abrir cuentas bancarias o sacar tarjetas de crédito, embargo de sueldo, constantes llamados telefónicos y visitas de cobradores, intimaciones de pago o imposibilidad de nuevos trabajos.

El robo de identidad es un delito que afecta a todos, sin importar edad, religión o clase social. En 2006 –señaló– las pérdidas en la Argentina fueron de $500 millones, y para 2012 se estima que la cifra podría duplicarse. En los Estados Unidos, entre el 9% y el 18% descubren que han sido víctimas cuatro años más tarde.

En enero comienza la identificación biométrica en recién nacidos.

Contarán con nuevos DNI digitales que incluirán un registro de patrones faciales y biológicos que será centralizado en la Policía Federal por medio de un convenio con el Registro Nacional de las Personas (Renaper).

Digitalización de datos biométricos en la AFIP.

En abril de 2010, mediante la resolución general 2.811, la AFIP modificó el procedimiento para la inscripción, incorporándose al mismo el registro digital de la fotografía, firma y huella dactilar, así como la exhibición del documento de identidad para ser “escaneado” del contribuyente, apoderado o responsable legal, como paso previo a la solicitud de la clave única de identificación tributaria (CUIT).

Fuente: PuntoJus

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