Artículo publicado originalmente el 4 de abril de 2014 en Entre Rios Ahora
El 12 de agosto, en el muro de la Asociación del Personal Policial de Entre Ríos (Apropoler), una entidad que se presenta públicamente como la representación sindical de los policías en la provincia, se publicó una crítica a la decisión de la fuerza, que comanda Héctor Massuh, de realizar un relevamiento del personal (datos filiatorios, composición del grupo familiar, vivienda en la que habitan), generando gastos que serían afrontados por el propio policía de su bolsillo.
El reproche en Facebook por parte de Apropoler apuntó al contenido de la circular general N° 10/13 de la Policía de Entre Ríos que llegó a todas las dependencias de la fuerza.
Durante 2013, la entidad que agrupa a los policías tuvo un inusitado despegue y notoriedad a partir de los reclamos salariales en la fuerza, malestar que en diciembre último tuvo su más explícita expresión a partir de las revueltas policiales que ocurrieron en la provincia, la más grave en Concordia, donde además se produjeron saqueos.
Al parecer, el director de Personal de la Policía, Luis Alberto Gómez, navegó por Internet, y se metió en el muro de la Apropoler, y descubrió lo que habían escrito, y rápidamente elevó una nota al director de Asuntos Internos, Roberto Omar Sánchez, poniéndolo al corriente de la situación, y reclamando sanciones disciplinarias contra Ricardo Raffo, cabeza visible del sindicato policial.
La petición estuvo contenida en la nota que el 20 de agosto elevó Gómez a Sánchez, con un “extracto de la publicación realizada en el muro de Facebook correspondiente a Apropoler Entre Ríos, en fecha 12 de agosto, en la cual se habrían realizado cuestionamientos” hacia la directiva N° 10/13 “en la que se plasman directivas impartidas por el comando superior”.
Gómez remarcó que en el muro de Facebook las críticas de Apropoler también apuntaron a “los cuadros superiores, como asimismo indirectamente hacia nuestras autoridades gubernamentales”.
Aunque parezca insólito, los hechos sucedieron así: un jefe policial leyó el Facebook y decidió, trascartón, el 12 de agosto, enviar una carta documento a Raffo a través de la cual lo intimó a que, en un plazo de 24 horas, se “retracte” de lo publicado y lo haga “por la misma vía divulgada”.
Ni Raffo, ni Apropoler, se amilanaron, y no tuvieron mejor idea que publicar en Facebook el texto de la carta documento de Gómez. Y la respuesta: que no hubo afán de agraviar ni de injuriar, que sólo cuestionaron una medida de la Jefatura de Policía que ordenaba un censo del personal policial, poniendo a los miembros de la fuerza en gastos, costeados de su propio bolsillo, y le explicaron al director de Personal de la Policía que Facebook es “un espacio de debate y construcción democrática”.
Gómez no creyó oportunas las disculpas, y ordenó “una pesquisa administrativa”, y pidió agregar al expediente el legajo personal del comisario Raffo. Pero cuando todo ese dislate llegó a la Asesoría Letrada de la Policía, alguien decidió ponerle un freno.
Luego de la instrucción llevada adelante por el subcomisario Luis Chiesa, los abogados de la Policía recomendaron archivar todo por cuanto “no existirían elementos de suficiente entidad para proseguir en una instancia administrativa superior”.
“Concluida la investigación del evento sub examine y finiquitados todos los procedimientos inherentes, la pesquisa enarbolada en esta instancia, se obtiene trasitoria una carencia de factores que comprueben concreta a irrebatiblemente un accionar reprobable en la faz administrativa para con el oficial principal Ricardo Alfredo Raffo”, dice el texto de la resolución N° 178 de la Dirección de Asuntos Internos del 14 de marzo último.
De modo que el titular del área no tuvo más remedio que disponer que “no existen elementos para la sustanciación de instancia administrativa superior”, y dio por finalizada la comedia de enredos.
Fuente: Entre Rios Ahora
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